Kosteki y Santillán

Por Rubén Villanueva

A seis años de la masacre de Avellaneda

EL 26 DE JUNIO DE 2002 organizaciones piqueteras bonaerenses coordinaron una acción para bloquear los accesos de tránsito automotor a la Capital Federal, en un plan de lucha político reivindicativo con el pedido de mejoras sociales.
En aquel momento la Argentina atravesaba un período de crisis social e institucional.
Los diarios reflejaban parte de una realidad con titulares como: “Desempleo récord: más de 3 millones de personas sin trabajo”, “Cada vez llega menos comida”, “La mitad de la población es pobre”, “Vuelven los piquetes a los puentes”.
El país transitaba las consecuencias de la caída del gobierno de De la Rúa, cuando éste abandonó el poder luego de la manifestación y las muertes del 20 de diciembre.
La crisis social seguía latente y el “que se vayan todos” continuaba instalado en una sociedad que descreía de las autoridades del Estado. En el corte del Puente Pueyrredón, programado por las agrupaciones de zona sur de Gran Buenos Aires, se desató una violenta represión policial que produjo dos muertos y heridos por balas de plomo. Días anteriores a los hechos la Secretaria de Inteligencia De Estado, SIDE, manifestó que distintas organizaciones se estaban empezando a integrar por diferentes reclamos de piqueteros, asambleistas, ahorristas y que eso constituía un peligro institucional para la democracia donde había que poner orden. El Gobierno por su parte declaró en distintos medios de comunicación que no permitiría los cortes a los puentes.
El día de la manifestación, la disposición del operativo policial no se limitó a evitar la delitos dentro de una tarea preventiva sino que se encargó de desarticular a las organizaciones manifestantes, reduciendo a estos cuerpos políticos colectivos en cuerpos individualizados. La policía, ante una manifestación masiva opositora a las políticas de Estado, actuó con cientos de efectivos coordinados para romper la organización de los grupos que enfrentaba. Los piqueteros, que solicitaban mejoras sociales, no requerían tomar el poder del Estado. La policía comenzó a desmembrar a las organizaciones, espantando a todos con disparos de balas de goma, gases y también balas de plomo. Los dos policías, Franchiotti y Acosta, se apropiaron del derecho a ejercer sobre los manifestantes un poder de muerte.
Con dos muertos y varias decenas de heridos de bala, el operativo continuó sin que ningún efectivo denuncie lo que ocurría ante sus ojos. Aún cuando en la puerta de la estación de trenes Avellaneda ciertas órdenes fueron desobedecidas y no se interfirió con las acciones de Franchiotti.
Hasta ese momento, en que todo era incierto y poco claro, los medios transmitían en directo las corridas de los manifestantes y los gases que disparaba la policía.
Todos los medios de comunicación tendían a informar que los piqueteros eran los provocadores de los disturbios. En las oficinas de redacción de los diarios, distintos voceros de prensa del gobierno llamaban informando que los muertos eran consecuencia de una pelea interna entre manifestantes y que los piqueteros se mataron entre ellos, lo cual las primeras placas informativas en la televisión daban la misma información como primicia. La imagen de un colectivo incendiado era repetida por varios canales dando a entender la magnitud de la violencia piquetera. El comisario Franchiotti, por su parte, dio una conferencia de prensa en la puerta del hospital Fiorito, donde familiares y heridos de la represión policial rondaban en el mismo lugar. Esto fue usado por Franchiotti y los medios para afirmar el discurso de la violencia de los manifestantes, ya que fue inminente la agresión al comisario.
Al día siguiente los diarios titularon: “El gobierno afirma que fueron infiltrados”, “el gobierno cumplió en impedir corte del acceso” y en unas de las bajadas de un diario pudo leerse “los muertos fueron productos de una interna entre piqueteros, teoría de la policía bonaerense y del gobierno”. El medio más cuestionado fue Clarín, el diario más vendido de la Argentina, quien tituló “La crisis causó dos nuevas muertes” y en la volanta escribió: “No se sabe quienes dispararon contra los piqueteros”, mientras que al cierre de la edición ya era de público conocimiento que la muerte había sido causada por la policía y establecida por el Gobierno. El documental dirigido por Finvard y Escobar, que lleva el mismo titulo que publicó Clarín el día después a los hechos, se puede ver a Julio Blank, editor de la sección Política Nacional de Clarín y luego de esa tapa ascendido a editor jefe , afirmar “Cometimos un error con este titulo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarme las venas?”. En la tapa del gran diario argentino se muestra una fotografía que también dejó dudas sobre la cobertura y la información que ocultó el diario y no publicó en ese momento, pero sí lo hizo 48 hs después.
La consecuencia de esta causa dejó de lado las acusaciones a los autores intelectuales de los hechos, el ex-presidente Duhalde, el gobernador Solá y antiguos funcionarios como Álvarez, Atanasof, Matzkin, Genoud, Soria, Rodríguez y Ruckauf. Pero aún restringiendo a lo que la justicia reconstruyó, encontramos un relato estratégico que continúa protegiendo el papel del aparato policial en la resolución de conflictos, aún en una coyuntura en que la táctica exige que se condene la conducta de seis o siete policías, como forma de disminuir el costo político de la represión. El Estado cambió el mando, en ese momento el presidente Eduardo Duhalde, llamó a elecciones a sólo 6 meses de asumir y con la posibilidad de completar un mandato de 2 años. La decisión fue tomada luego de hacerse pública la responsabilidad del aparato estatal en la violencia abierta el 26 de junio.
foto: http://trio.trovacub.com/KostekiSantillan.jpg
Fuentes:

• Archivo http://www.pagina12.com.ar
• Joaquin Santiago Gomez post taringa.net http://www.taringa.net/posts/offtopic/906470
• http://www.masacredeavellaneda.org/

Sobre Trastornos Alimentarios: LEY YA!

Por Ximena Ibañez

Los tiempos pasan, es cierto y sino mírense en ese espejo con mas detenimiento. Lo malo de ese paso no es tener una cana o una arruga mas que ayer, lo malo del paso del tiempo es que nadie hace demasiado para que la calidad de vida, de nosotros mismos e incluso de otros, mejore.
Los trastornos alimentarios son una de las mas grandes epidemias del siglo XXI y si bien aun no son consideradas como una enfermedad, se esta trabajando duro para que pronto las obras sociales y prepagas se ocupen de tratar a sus pacientes con ese tipo de problemas como enfermos.
Si nos remontamos años atrás, mas específicamente al año 1989 nos encontraríamos con la primera iniciativa llevada al Congreso para el proyecto de ley que declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios – entre los que se incluyen a la bulimia, la anorexia y la obesidad - y obliga a las obras sociales y prepagas a incluir entre sus prestaciones los tratamientos “nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las practicas medicas necesarias para su atención”. Pero no quedo allí, ya que hasta la fecha se agregaron cerca de 20 proyectos que en que en agosto del año pasado el Senado unificó en un dictamen el cual fue modificado y aprobado este mes en el recinto.
La obesidad aumenta las probabilidades de desarrollar Diabetes Tipo 2, Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares; por ello es considerada la segunda causa de muerte prevenible detrás del cigarrillo.
El proyecto de ley no solo contempla el tratamiento, sino también a una serie de medidas destinadas a la prevención del sobrepeso. Si observamos un poco a grandes países del mundo como Reino Unido, Francia y EE.UU., veríamos que poseen normas que prohíben la venta de algunos alimentos en escuelas, mientras que en nuestro país el proyecto aprobado establece que los quioscos deberán incluir “alimentos para una dieta equilibrada”.
Ni la publicidad se salva del dictamen, ya que establece que “la publicidad o promoción de alimentos con alto contenido calórico, grasa o azúcar y pobres en nutrientes esenciales deberán llevar la leyenda El Consumo Excesivo Es Perjudicial Para La Salud" y no solo ello sino que también prohibirá la promoción de dietas o métodos para adelgazar que no tengan el aval médico o nutricionista, mientras que la publicidad de productos para bajar de peso deberá estar dirigida exclusivamente a mayores de 21 años.

Para concluir, el proyecto también trata sobre la discriminación a los obesos, diciendo en su primer artículo que “los proveedores de bienes y servicios con destino público en general no podrán negarse a proporcionar el bien o servicio solicitado; empresas como aerolíneas, transportes y cines si se aprueba la ley deberán tener instalaciones aptas para todos los públicos" y en su segundo artículo "que los establecimientos dependientes del estado deberán contar con comodidad y equipamiento adecuado para personas obesas."

Como ya se nos había confirmado no ocurrió su aprobación definitiva antes de marzo de 2008; ya estamos casi en el mes de julio y aun se sigue debatiendo, mientras que nuestros ciudadanos siguen padeciendo a consecuencia de estas tres enfermedades derivadas de trastornos alimentarios.

¿Porque hay que hablar en Futuro si en realidad las personas están sufriendo Hoy?
Hagan por los que ya no están o por aquellos que sufren en las sombras...
Se Necesita la Ley YA!

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